La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cifrado en 1.298 millones de euros las ayudas para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía entre 2002 y 2014, sin que se hayan justificado.
El informe, al que han tenido acceso Efe y Europa Press, ha sido entregado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, cuya titular, juez Mercedes Alaya, investiga la causa de los cursos de formación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública en la modalidad de fraude de subvenciones.
En julio de 2014, y tras las declaraciones del ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, Alaya cifró en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar, cifra que ahora aumenta la Guardia Civil tras analizar de forma pormenorizada todos los expedientes que les ha remitido la Junta hasta el 25 de julio de 2014.
El atestado entregado a la magistrada extrae la cifra del archivo informático entregado por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, que contenía una serie de registros vertidos por la aplicación informática llamada ‘Júpiter’ sobre las subvenciones de formación.
Más de 400 millones en el apartado «sin consignar»
De este modo, y una vez ordenadas las subvenciones por año y, a continuación, verificados para cada una de éstas los apuntes contables relativos a las ‘OP’ (órdenes de pago) y las ‘J’ (justificaciones), los agentes han podido determinar, del diferencial existente entre ambas órdenes, que el importe pendiente de justificar por cada una de las entidades beneficiarias asciende a un total de 1.298 millones de euros.
Respecto al órgano gestor que emite las cantidades pendientes de justificar, Málaga, Sevilla y las subvenciones con el código «servicios centrales» son las que mayor cuantía presentan, con 68 millones en la provincia malagueña, casi 67 en la de Sevilla y 546 millones en los servicios centrales.
Además, hay un apartado de cantidades que no se asocian a ningún órgano gestor, incluidas en el apartado «sin consignar», que suma 424 millones de euros, señala la Guardia Civil, que para elaborar su trabajo ha utilizado cinco resoluciones de exceptuación desde 2009, una de ella relativa a consorcios para la formación.
«Tendencia alcista» de las cantidades
La UCO destaca que «dicha cantidad a justificar alcanzaría su cota máxima en los ejercicios 2010 y 2011, con 347 y 339 millones de euros, respectivamente», mientras que «un segundo tramo destacable sería el comprendido entre los ejercicios 2007 y 2009, con 110, 203 y 121 millones de euros, respectivamente».
En este sentido, los agentes valoran en este atestado, fechado el pasado 30 de abril, la «tendencia alcista» de las cantidades a justificar, «que se acentúa en el intervalo 2007-2012, si bien disminuye de manera considerable a partir de entonces».
Las exoneraciones o exceptuaciones individuales permiten a las entidades concurrir a una nueva convocatoria de ayudas o abonar parte de la subvención ya concedida sin tener justificados los expedientes previos.
Las exoneraciones favorecieron a beneficiarios repartidos por toda Andalucía, según la juez, que criticó el hecho de que no se reclamara su reintegro hasta pasar las competencias de la Consejería de Empleo a la de Educación.
En el año 2007 se publicaron 575 resoluciones de exoneración y 471 en el 2008, lo que suma 1.046, según datos facilitados por el Gobierno andaluz.
La Junta de Andalucía ha reclamado el reintegro de 161,1 millones euros relativos a 139 expedientes de reintegro iniciados desde que se destapó el fraude de los cursos de formación, según los datos actualizados hasta noviembre de 2014.
Leído en rtve.es
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